Exfiscal señala que el convenio con la empresa fue realizado pensando en términos económicos pero se ignoraron elementos delictivos.
La revelaciones surgidas en Ecuador respecto a los pagos de coimas que habría realizado Odebrecht en el Perú por el Gasoducto del Sur, confirmaría una vez más el pésimo acuerdo que establecieron los fiscales del caso Lava Jato y los procuradores con la empresa brasileña, y lo único que salvaría el trabajo de investigación sería que el equipo especial Lava Jato renegocie el acuerdo y pueda indagar el caso del Gasoducto. Así lo señaló a EXPRESO el exfiscal Carlos Torres Caro.
“El haber establecido un acuerdo, en términos económicos, fue perjudicial para el Perú (…). Si estos fiscales y procurador negociaron tan mal el acuerdo en términos económicos, lo mínimo o esencial que se espera es la obtención total de la verdad, cuestión que con las informaciones que hoy conocemos [provenientes de Ecuador] por el caso Gasoducto, demuestra que no habría sido así. Para ellos [los fiscales y el procurador], sólo decir la verdad [de parte de la empresa] los salvará”, apuntó.
Torres Caro también cuestionó que durante las negociaciones para la colaboración eficaz con la transnacional, el equipo especial Lava Jato del Ministerio Público no haya optado por incluir el Gasoducto, a pesar de que existían diversas sospechas sobre ese proyecto, e incluso la Comisión Lava Jato advirtió sobre posibles actos de corrupción en este tema.
“Si se demuestra que los pagos relacionados con la concesión del Gasoducto han sido sobornos, afectaría gravemente el acuerdo, pues implicaría que Odebrecht mintió al reconocer el pago de coima en cuatro proyectos, pese a que incluso la Comisión Lava Jato lo había señalado (…). Si bien es cierto no se puede obligar a una persona a confesar algo que no quiere, lo mínimo que debió hacerse con lo que se tenía es ponerlos en evidencia y condicionar el acuerdo al reconocimiento de esos sobornos en el Gasoducto”, argumentó.
Finalmente, el exfiscal explicó que sí existen vías para poder anular el acuerdo, en caso sea necesario, pero esa decisión dependerá del análisis que realicen los fiscales.
“Se entiende que si Odebrecht incumple una de sus obligaciones este acuerdo deja de tener valor, corresponde a la Fiscalía o a la Procuraduría iniciar el procedimiento si fuera el caso (…). Si en una nueva ronda de conversaciones [renegociación] no se logra satisfacciones, debe anularse por incumplimiento y mala intención de la empresa, pues a pesar de lo beneficioso que fue para ellos en términos económicos, han sido incapaces de decir la verdad de todo lo acontecido”, acotó.
POR: JOSÉ M. CARMEN MORÁN
